Fuente: La Tercera
Autor: Susana Sierra
En sus más de 100 días como Presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha impulsado ambiciosas medidas para enfrentar la crisis sanitaria, económica y política de su país, al mismo tiempo que ha manifestado interés en temas trascendentales como la lucha contra la corrupción.
Al respecto, América Latina se presenta como un desafío para el Mandatario, pues según el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, se trata de una región estancada en el combate a la corrupción, pero con la que existen importantes vínculos comerciales, por lo que es importante una regulación efectiva.
En este escenario, cabe recordar que Estados Unidos cuenta con importantes mecanismos de control interno y externo para enfrentar la corrupción, lo que a su vez se espera que ayude a elevar el estándar propio de control en países de Latinoamérica.
Así, destaca la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), pionera en legislar contra el pago de sobornos a funcionarios de otros países, y que busca impedir malas prácticas ya sea en empresas estadounidenses operando en el extranjero o de empresas extranjeras operando en Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) están a cargo de velar por el cumplimiento de las disposiciones penales y civiles de esta ley.
De esta manera, empresas extranjeras investigadas por corrupción en América Latina han debido pasar bajo la lupa de la ley FCPA dada su acción internacional. Un caso emblemático es Odebrecht, pero yendo un poco más cerca, LATAM Airlines fue sancionada por esta ley, por los pagos indebidos realizados entre 2006 y 2007 por una consultoría laboral en Argentina para poner fin a disputas sindicales en el aeropuerto de Buenos Aires. O el caso de SQM, quien debió pagar una millonaria multa al violar la ley FCPA por los pagos irregulares a políticos, al igual que lo debió hacer su ex gerente general, Patricio Contesse, por ser quien dirigió y autorizó los pagos ilícitos. En ambos casos, LATAM y SQM admitieron ante las autoridades estadounidenses no haber cumplido con las normas de control interno y haber ingresado a su contabilidad gastos falsos, razón por la cual debieron robustecer su programa de cumplimiento y acogerse a un monitor corporativo independiente quien evaluaría su efectividad y que este se ajustara a las leyes anticorrupción de EE.UU.
Y aunque suene increíble, en el marco de la crisis por la pandemia, el 2020 fue un año activo para la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en particular en América Latina. Así lo destaca un documento del buffet internacional de abogados Wilmer Hale, que indica que muchos de los casos investigados y resueltos por los reguladores estadounidenses el año pasado, involucraron a empresas latinoamericanas. De hecho, se registraron el doble de sanciones financieras que en 2019, siendo que las cifras de ese año ya habían significado un récord.
Lo anterior, sin duda, debe ponernos en alerta, pues en un mundo globalizado como el que vivimos, se hace evidente y necesario no solo estar atentos a las normativas propias de cada país, sino también a las que puedan ser penalizadas desde el extranjero, y que pueden ser más exigentes que las nuestras, como es la FCPA.
Ante esto, cabe destacar la Guía de Evaluación de Programas de Compliance Corporativo, emitida por la SEC y el DOJ en 2017 -que tuvo su última actualización en junio de 2020-, y que establece cómo serán evaluados los programas de cumplimiento frente a investigaciones por infracciones a normas anticorrupción. De esta forma los fiscales pueden revisar la efectividad del programa en la organización enjuiciada, determinar su resolución, multa y las obligaciones de cumplimiento.
Seguir los parámetros de esta Guía puede marcar la diferencia a la hora de verse involucrados en un posible caso de corrupción, ya que las malas prácticas de una persona, pueden exponer a toda la empresa.
Un buen ejemplo, es lo que le ocurrió al Banco Morgan Stanley, institución que, al verse envuelto en un caso de soborno cometido por uno de sus ejecutivos en 2012, pudo acreditar la efectividad de su programa de compliance, quedando libre de cargos, no así el ejecutivo corrupto. Al contrario de lo que le ocurrió a SQM.
El aumento de sanciones a empresas latinoamericanas por parte de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, debe mirarse con atención y nos debe llevar a redoblar esfuerzos en asegurar la probidad en las organizaciones, y a revisar el efectivo cumplimiento no solo de las leyes locales, sino también de los exigentes estándares globales.
